Una meta concreta permite ordenar una transformación. Países Bajos se ha propuesto que en 2030 la mitad de sus nuevas viviendas se construya de manera industrializada, con una parte importante de la producción realizada en fábrica y un posterior montaje en terreno. Es un objetivo de política pública que todavía debe alcanzar.
Para avanzar, el país cuenta con el Programa de Innovación y Escalamiento de la Construcción de Viviendas, conocido como IOP por su sigla en neerlandés. Surgido de los acuerdos nacionales de vivienda de 2024, reúne al sector público y a actores del mercado en cuatro ámbitos: construcción industrializada, digitalización, soluciones innovadoras e innovación social en el desarrollo urbano.
La propuesta merece atención desde Chile porque aborda una dificultad reconocible: incorporar tecnología a la construcción requiere que también evolucionen las decisiones de quienes encargan, autorizan y financian los proyectos.
Una industria que ya está creciendo
La vivienda prefabricada ha ganado participación en Países Bajos. Según el estudio Prefab Homes Radar 2025, publicado por Roland Berger en febrero de 2026, pasó del 10% de la vivienda nueva en 2020 al 21,2% en 2025. El avance es significativo, aunque la consultora estima que, al ritmo observado, su participación llegaría a entre 30% y 40% en 2030.
La medición sectorial de prefabricación y la meta gubernamental de industrialización deben leerse considerando sus respectivas definiciones. Aun con esa precaución, los antecedentes muestran una industria en expansión y una ambición pública que exige acelerar.
El interés del caso neerlandés está precisamente ahí: el gobierno ha establecido un horizonte y está trabajando sobre las condiciones necesarias para acercarse a él.
Organizar la demanda para producir con continuidad
Una fábrica necesita anticipar qué producirá, en qué cantidad y durante cuánto tiempo. Cuando cada proyecto parte con exigencias diferentes, se vuelve más difícil repetir procesos, programar compras y aprovechar la capacidad instalada.
En Países Bajos, parte de esa coordinación ocurre mediante las bouwstromen: agrupaciones que articulan programas de construcción y criterios compartidos entre compradores y proveedores. Participan en ellas las woningcorporaties, entidades dedicadas a la vivienda de arriendo social.
Aedes, la asociación que las representa, identifica nueve regiones con estas iniciativas en 2026. Uno de los ejemplos es NH Bouwstroom, donde siete corporaciones seleccionaron seis socios constructores y trabajan en un programa de aproximadamente 4.000 viviendas. Los primeros proyectos se entregaron en 2024; el conjunto del programa corresponde a una cartera para los años siguientes.
La lógica resulta relevante: dar continuidad a los encargos y compartir especificaciones permite que el aprendizaje de un proyecto sirva para el siguiente. Para una empresa industrializadora, esa previsibilidad tiene consecuencias sobre productividad, costos y decisiones de inversión.
Permisos y planificación que acompañen a la fábrica
El programa gubernamental contempla apoyar a los municipios para que sus instrumentos de planificación permitan aplicar soluciones industriales. También promueve series repetibles de viviendas y el desarrollo de modelos financieros adecuados a esta forma de producir.
Una experiencia destacada por el gobierno es la región Arnhem–Nijmegen, que trabaja en una vía digital de permisos para conceptos industriales con una declaración de calidad reconocida. El propósito es agilizar la tramitación y reducir el trabajo que demanda a los equipos municipales.
La oportunidad consiste en aprovechar lo que ya fue revisado y validado técnicamente, manteniendo las verificaciones que corresponden a cada emplazamiento. Repetir una solución debiera permitir acumular conocimiento también en la administración pública.
Tener capacidad instalada no asegura producir más
La experiencia neerlandesa también obliga a mirar las dificultades. Roland Berger estima una capacidad sectorial cercana a 35.000 viviendas anuales, mientras su proyección ajustada de producción para 2026 es de 16.100 unidades, equivalente a una utilización aproximada del 45%.
Esa diferencia permite extraer una conclusión: una gran necesidad habitacional puede coexistir con capacidad industrial disponible. Para convertirse en producción, esa necesidad debe traducirse en proyectos con compradores, terrenos, permisos y financiamiento oportunos.
Desde la gestión empresarial, esto exige evaluar la inversión junto con la cartera ejecutable y el capital de trabajo. Una fábrica puede ser técnicamente competente y enfrentar dificultades si los proyectos que debían ocuparla se retrasan.
Una referencia para Chile
El aporte más interesante del plan neerlandés es haber vinculado una meta de industrialización con una agenda de coordinación. El horizonte al 2030 permite discutir qué deben cambiar los compradores, los municipios, los financistas y las propias empresas para ampliar la producción.
Chile tiene razones para estudiar esa experiencia y adaptar sus mecanismos a nuestra realidad territorial, normativa y habitacional. Conviene examinar especialmente cómo dar continuidad a la demanda, reutilizar validaciones técnicas y financiar avances verificables dentro de una planta.
Las empresas, por su parte, deben demostrar calidad, cumplimiento y competitividad en el costo total de la solución entregada. Una política favorable a la industrialización necesita resultados que justifiquen su expansión.
La meta al 2030 pone una fecha a la ambición neerlandesa. Su cumplimiento dependerá de que toda la cadena pueda avanzar al ritmo que promete la fábrica. Para Chile, esa es una conversación que vale la pena profundizar: cómo convertir la capacidad industrial en viviendas terminadas y disponibles para las familias.